ARTÍCULO JESÚS ALBERTO BARRIOS R.

 

 

 

Así  lo  creo…

TODOS  CONTRA  UNO

Jesús Alberto Barrios R.

El diseño institucional del Estado, en cualquier parte del mundo civilizado, está concebido como un  sistema de pesos y contrapesos para que un  poder controle al otro y ninguno se exceda, abuse o se desvíe de sus fines propios, lo domine o lo irrespete. Lo que ocurre en Venezuela con el bloqueo institucional del gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, produce una situación inestable y explosiva que perjudica a la Nación en su conjunto. El cerco político por parte de la Sala Constitucional del TSJ a cualquier decisión de la Asamblea Nacional, que a juicio del oficialismo afecte el "proceso revolucionario", vale decir los intereses del gobierno, caso la Ley de Amnistía, la Sala Constitucional la echa por tierra declarándola  inconstitucional, claro eso no impide su proclamación. Utiliza el "poder" de la fuerza para socavar lo poco que nos queda de democracia, borrando la única frontera entre los poderes públicos, censurando la prensa, cerrando medios de comunicación, inhabilitando al que se le opone. La Constitución sirve para cualquier cosa, la acomodan a las circunstancias. Lo ocurrido con la Ley de Amnistía es un golpe en contra de la institucionalidad. "En el campo de la moral y los valores si no se avanza se retrocede", lo dice Oscar Arias. La designación apresurada de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violatoria de la Constitución y de la Ley Orgánica del TSJ, ante la solicitud compulsiva de acogerse a jubilaciones prematuras de 12 magistrados resultó el colmo del uso y abuso del poder. Un gobierno que además del poder que ejerce el ejecutivo, tenga la potestad judicial, respaldado por las demás ramas de la estructura institucional, se convierte de hecho en una dictadura y eventualmente en un  poder totalitario. El gobierno convierte "la justicia" en una barricada para trancar leyes que inician el rescate de la Republica. Por su parte el nuevo parlamento está obligado a honrar el mandato de sus electores  y rescatar la independencia entre los poderes del Estado, aportar soluciones y enderezar entuertos, y es lo que hace.  El gobierno no acepta el rechazo de la mayoría del pueblo expresada el 6 de diciembre de 2015, no reconoce sus propios errores y no quiere entender  que es minoría en la población.  Además, fomenta la coalición de todos los poderes contra el poder legislativo. Todos contra uno.

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