Así lo creo…
AMBIENTE DE REPRESIÓN
Jesús Alberto Barrios R.
Maduro al decretar la creación de la "Gran Misión de Abastecimiento Seguro" persigue controlar los sectores "agroalimentario, farmacéutico e industrial". Además de toda la cadena alimentaria y farmacéutica, incluyendo los elementos de comercialización, logístico y productivo, sistema de precios, etc., de lo cual se encargará el ministro Padrino López, acrecentando su poder militar en la estructura económica y política del país. Los militares están obligados constitucionalmente a garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. Deben estar al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, como lo señala la Carta Magna. Mientras no se corrijan las desviaciones estructurales y legales que produce el "Modelo Cubano" no se resuelven los problemas económicos y sociales que padecemos los venezolanos. En el Plan de Maduro, todos los ministros e instituciones del país quedan sometidos políticamente al "mando único" de Padrino López. Ello implica desarrollar nuevos criterios de control, dominación social y política que harán de la población seres amansados y registrados por el régimen. Los efectos negativos directos de esta política serán: el incremento de las colas, deterioro social, inestabilidad y más hambre; porque no se atacan las causas sino las consecuencias. El problema no es de distribución sino falta de producción. El modelo de sustitución de los medios de producción en manos privadas (de los que saben producir) para pasarlos a manos de los Cubanos fracasó. Ahora militarizada la distribución de alimentos será lo que genere un desastre social que solo podrán controlar con una brutal represión y el culpable es Maduro. Solo un cambio de modelo, que pasa por un cambio de gobierno, puede resolver el caos económico. Se trata de reactivar el aparato productivo, a través de rescatar la confianza para la inversión; simple regla de tres de la economía. No hay manera de atraer inversiones si no hay seguridad jurídica, sin que las instituciones garanticen el Estado de Derecho, en particular el Derecho a la Propiedad. Nada de esto es posible en un ambiente de represión.
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