NP: IDC y ODCA califican las inhabilitaciones como un acto de debilidad del Gobierno

"En Venezuela se viven situaciones alarmantes con respecto en el abuso de poder"

 

IDC y ODCA califican las inhabilitaciones como un acto de debilidad del Gobierno

 

(Prensa Copei 23/7/2015) En un comunicado La Internacional Demócrata Cristiana (IDC) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), presididas por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana y el ex senador mexicano, Jorge Osejo, respectivamente califican las inhabilitaciones de la que han sido víctimas algunos representantes de la oposición venezolana como un reflejo de la debilidad del Gobierno.

 

El primer vicepresidente del partido Socialcristiano Copei, Enrique Naime, quien participa como representante de la IDC y de ODCA en el país, aseguró que las acciones realizadas en contra de María Corina Machado, Cesar Pérez Vivas, Manuel Rosales, Enzo Scarano, Virginia Vivas, Daniel Ceballos y Pablo Pérez demuestran un "manejo descarado de parcialidad" por parte de la Contraloría de cara a las próximas elecciones.

 

"Hoy se vive en Venezuela situaciones alarmantes del uso y abuso de los poderes judiciales por parte de las cúpulas del partido de gobierno", condenó Naime, quien afirma que el Ejecutivo Nacional maneja de manera desproporcionada los poderes públicos, con el objetivo de  impedir que figuras claves de la denominada alternativa democrática puedan participar en los comicios del 6 de diciembre.

 

Naime manifestó que en el último encuentro de los miembros de dichas organizaciones los dirigentes socialcristiano del continente y del mundo,  coincidieron en que las actuaciones del Gobierno venezolano contra la oposición son hechos de "suma gravedad, que solo se parecen a la gestapo en la época de Hitler".

 

Por último, el dirigente copeyano aseguró que tanto la IDC como la ODCA exhortan al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que permita que en las elecciones parlamentarias exista una observación internacional integral, que esté fundamentada por la auditoria del registro electoral, el análisis de las responsabilidades de las fuerzas públicas y pruebas detallas del sistema informático de votación.