AL PARTIDO DEMÓCRATA-CRISTIANO DE CHILE

AL PARTIDO DEMÓCRATA-CRISTIANO DE CHILE

Quienes suscribimos este documento hemos ocupado posiciones políticas en la institucionalidad venezolana, algunos en el campo de las relaciones internacionales, y hemos tenido permanentes vínculos de solidaridad con la Democracia Cristiana de Chile, y con las luchas democráticas del pueblo chileno. En el marco de esta inquebrantable solidaridad política e ideológica, queremos hacer algunas consideraciones en torno a un documento hecho público por la Secretaría Internacional y la Comisión Internacional Político-Técnica del PDC, ante el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías. 

En esa declaración, fechada el 6 de marzo del presente año, y firmada por Gonzalo Arenas Valverde, Secretario Internacional del PDC, y Héctor Casanueva Ojeda, Presidente de la Comisión Político- Técnica, se expresan las “condolencias al gobierno y al pueblo venezolano por el fallecimiento de su presidente constitucional”. Este pronunciamiento lo consideramos una manifestación de cultura política democrática y de cristiana concepción de la vida humana.

Luego señalan los señores Arenas y Casanueva, en el texto de su declaración, algunas consideraciones frente a las cuales nos sentimos obligados a dar respuesta: Afirman que el Presidente Chávez “marcó la vida de su país y de la región con una impronta integracionista que buscó fortalecer América Latina y el Caribe frente a los desafíos de la globalización, contribuyendo a la fundación y puesta en marcha de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), para lo cual contó con la cooperación de Chile y el resto de los países de la región”. 

Este reconocimiento al recién fallecido mandatario no se compadece con lo que ha sido en la práctica la política del “socialismo del siglo XXI” en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Esa supuesta “impronta integracionista” ha estado ausente, durante catorce años, de la cotidiana relación entre los ciudadanos venezolanos y el mal llamado gobierno bolivariano. Por el contrario, un país históricamente ajeno a prejuicios raciales, religiosos o políticos, así como a cualquier otro tipo de discriminación, ha sido dividido desde el gobierno mediante una política virulenta y corrosiva. El odio social y el demagógico asistencialismo hacia las clases más humildes han sido instrumentos para separar a los venezolanos. Utilizando tales modos de disgregación el régimen ha arremetido contra las Iglesias católica y judía. Templos, sinagogas, imágenes y monumentos religiosos han sido profanados en diversas ocasiones por los “colectivos revolucionarios del pueblo”. Los jerarcas de esas iglesias son condenados como agentes imperialistas y presentados ante el pueblo como sus enemigos. El Palacio Arzobispal fue tomado durante varios días por comandos chavistas. Las Universidades Autónomas y las instituciones educativas privadas, en especial las religiosas, sufren el acoso oficial en espera de su liquidación definitiva para construir un modelo educativo uniforme e ideologizado bajo el control de un Estado que se proclama marxista-leninista.

Una lista de más de tres millones de compatriotas que firmaron la solicitud del Revocatorio Constitucional del mandato de Chávez, revocatorio realizado en 2004, se convirtió en una nómina de perseguidos que no pueden contratar con el Estado, ni trabajar en la administración pública. Una legión integrada por más de 18.000 trabajadores y profesionales de la empresa petrolera estatal –hasta entonces patrimonio y orgullo de la democracia venezolana-, fueron despedidos ilegalmente, sin reconocimiento de sus derechos y prestaciones laborales. La meritocracia profesional de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y demás empresas estatales ajenas al clientelismo político, fue sustituida por una burocracia partidista sin conocimientos técnicos ni méritos para cumplir tan delicados desempeños. La “revolución” logró tomar el control de la petrolera estatal para convertirla en la millonaria fuente de recursos que ha servido para financiar un mito de Chávez centrado en el más aberrante culto a la personalidad, dentro y fuera de las fronteras patrias. 

En estos catorce años de “régimen revolucionario”, han reaparecido el crimen político, la violación a los derechos humanos, la tortura, la condena de personas inocentes, la censura de prensa, el cierre de medios de comunicación y la persecución de sus dueños y periodistas. En estos catorce años de revolución “bolivariana” se ha liquidado el Estado de Derecho, la alternancia republicana y el gobierno civil, que caracterizaron a la vida venezolana durante más de cuarenta años de continua y pacífica existencia. 

Como consecuencia de lo anterior, “la impronta integracionista” del régimen “bolivariano” ha logrado que un país tradicionalmente receptor de inmigrantes venidos de todo el mundo haya visto partir, con la esperanza de mejores oportunidades, a más de un millón de venezolanos que hoy buscan en otros países lo que aquí se les niega.

En el afán de expandir el totalitarismo bajo el “ideal bolivariano” y la consigna de “revolución pacífica pero armada”, el gobierno de la “impronta integracionista” ha invertido más de 30.000 millones de dólares en adquisición de armamento militar y de represión interna, y colocó tanques de guerra y tropas en actitud amenazante en la frontera con Colombia. Y en ese espacio limítrofe con el hermano país, protege y alberga a las bandas narcoterroristas más peligrosas del mundo (ETA, FARC, ELN, Hezbollah, etc.). Estas armas son las mismas que muestran en sus desfiles militares, en donde oficiales y soldados enarbolan consignas impuestas, como “patria, socialismo o muerte”, o “las fuerzas armadas son antiimperialistas, chavistas, revolucionarias y socialistas”. Y en abono a estas conductas, en reciente declaración pública, el actual Ministro de la Defensa ha declarado: “hay que votar por Maduro, le daremos hasta en la madre a la oligarquía”. Estos no son cantos ingenuos. Son, por el contrario, la descarada manifestación totalitaria de un gobierno militarista, que proclama en su política internacional su “alianza anti-imperialista” con los más feroces dictadores del orbe. Como ejemplos destacan Gadafi, Sadam Husein, Bashar Al-Assad, Ahmadineyad, Mugabe, Lukashenko, Fidel y Raúl Castro. 

La política internacional del actual gobierno venezolano ha roto la tradicional conducta de convivencia que caracterizó siempre a este país. Intentó dividir la opinión pública latinoamericana en torno a la delimitación entre Chile y Bolivia, dada ya como cosa juzgada por el Derecho Internacional. Inició el proceso de retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recién comenzado su gobierno, en contra de las decisiones de la ONU, Chávez viajó a Irak a expresar su solidaridad con Husein. Ha burlado a la ONU en su política frente a Irán. Ha descalificado en términos impropios a Jefes de Estado y al mismo Secretario General de la OEA. Estas no son precisamente manifestaciones de integración.

Muchas otras consideraciones sobre este terrible momento de la vida venezolana pudieran destacarse. Estas son sólo algunas pinceladas sobre la realidad que vive nuestro país. Sin eludir la responsabilidad que tenemos los demócratas venezolanos en lo que ha acontecido y acontece en nuestra patria, es necesario reflexionar en torno a lo que ha sido la actitud de gobiernos y líderes de nuestro continente y del mundo frente al régimen chavista. 

En Venezuela se ha ejercido una tiranía soportada en elecciones realizadas en medio del secuestro de todas las instituciones, incluyendo la fuerza armada. Una tiranía que ha intentado legitimar sus atropellos y su burla a la ley ante la indiferencia, y en muchos casos la complicidad, de gobiernos favorecidos con negociados realizados en desmedro del patrimonio público nacional. 

La democracia venezolana necesita más que nunca solidaridad. Especialmente de las fuerzas democráticas regionales. Es lo mínimo que podemos esperar, y lo mínimo que debemos exigir. 

Caracas, 11 de marzo de 2013.

JULIO CÉSAR MORENO LEÓN – Embajador en Chile, Guatemala. Diputado al Congreso Nacional (1980-1993). Miembro del Comité Nacional de Copei (1970-1990). 

JUAN JOSÉ MONSANT ARISTIMUÑO – Embajador en Nicaragua, Paraguay, El Salvador. Secretario de Relaciones Internacionales de Copei (1982-1985).

SADIO GARAVINI – Embajador en Suecia, Guyana, Guatemala. Vice-Ministro de Justicia (1979-1980). Secretario de Relaciones Internacionales de Copei (2003-2006). 

GEHARD CARTAY RAMÍREZ – Gobernador del Estado Barinas (1992-1996). Diputado al Congreso Nacional (1974-1992). Miembro del Comité Nacional de Copei (1994-1999). 

MARCOS VILLASMIL – Secretario General Adjunto de la Organización Demócrata Cristiana de América -ODCA- (1997-1998). Secretario General de la Unión Internacional de Jóvenes Demócrata Cristianos -UIJDC- (1991-1994). Secretario de Relaciones Internacionales de Copei (1995-1997). 

LUIS BARRAGÁN – Diputado a la Asamblea Nacional. Secretario General Adjunt de Copei (2002-2006).

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