Los Obispos miembros de la Comisión deJusticia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, y el equipo de apoyo en medio de la realidad carcelaria que vivimos, sentimos la urgencia de fortalecer y promover en nuestrasociedad, la dignidad humana, el valor de la justicia, la verdad, la libertad y el respeto de losDerechos Humanos de los Privados de Libertad.
Nuevamente la sociedad venezolana debe lamentar laindescriptible situación padecida por la población interna en las cárcelesvenezolanas y por sus familiares; en esta oportunidad los hechos de sangre severificaron en el Internado Judicial Capital El Rodeo I, en Guatire, EstadoMiranda; establecimiento en el que al momento de redactar estas líneasfallecieron en un enfrentamiento armado treinta y siete internos y un númeromayor resultó herido, según cifras no oficiales manifestada por los distintosfamiliares.
Estos hechos en los que internos en los penales se enfrentaentre ellos y con los cuerpos de seguridad del estado utilizando armas de fuegoconfirma de manera escandalosa ylamentable lo que se ha denunciado ininterrumpidamente desde hace muchos años:que las autoridades del estado venezolano no solamente incumplen con el mandatoconstitucional recogido en el artículo 272 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, sino que ha abandonado completamente suresponsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la poblaciónprocesada y penada, para permitir en su lugar el funcionamiento impune yabierto de bandas y mafias internas que ejercen el control absoluto dentro delas instalaciones de los internados judiciales y penitenciarías, y que ademáscuenta con armamento, bajo la mirada cómplice de las autoridades del país.
Las autoridades del estado venezolano no pueden de ningúnmodo abdicar de su autoridad y de sus obligaciones respecto de los derechos ygarantías de la población interna en sus cárceles; y de ninguna manera puedeser visto con indiferencia o como algo normal el que en las prisionesvenezolanas no solamente exista hacinamiento, corrupción, ausencia de losservicios más básicos, retardo procesal y ausencia de clasificación de lapoblación interna, sino que además el estado permita que sean las bandasdelictivas y las mafias quienes impongan su ley dentro de los recintospenitenciarios; esta es una situación extremadamente grave de cuyasconsecuencias las autoridades no pueden sustraerse.
Es de destacar que desdeel 8 de febrero de 2008 rigen a favor de los internos del Internado JudicialCapital El Rodeo I y El Rodeo II medidas provisionales dictadas por la CorteInteramericana de Derechos Humanos, mediante las cuales este tribunal internacionalacordó: “Requerir al Estado que adoptelas medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida eintegridad personal de todas las personas privadas de libertad en el InternadoJudicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, en particular para evitar heridas ymuertes violentas.”, es deplorable que la nula atención que las autoridadesdel estado venezolano han prestado igualmente a las decisiones de los órganosde los sistemas internacionales de protección se traduzca en la pérdida devidas humanas.
Nos hacemos solidarioscon los familiares de los internos del Centro Penitenciario El Rodeo I, quieneshan vivido horas de angustia y desesperación particularmente intensos desde elpasado domingo 12 de junio, esperando a las puertas del establecimientopenitenciario noticias sobre la situación de sus seres queridos; de nuevo senos muestra en todo su drama como en nuestro país la entrada en prisiónsignifica sufrimiento para todo el grupo familiar del procesado o penado.
La situación de lascárceles venezolanas no ha dejado de ser para el estado venezolano y para todanuestra sociedad en general un motivo de vergüenza y de luto; en esta nuevaoportunidad lamentablemente nos vemos obligados a advertir que mientras continúensin resolverse los problemas estructurales de nuestro sistema de administraciónde justicia, y en particular de la administración de los recintospenitenciarios, estaremos condenados a repetir una y otra vez esta situación deverdadero horror para los procesados, los penados y sus familiares.
Instamos al Estadovenezolano a actuar apegado a los estándares de protección de los derechoshumanos establecidos en la Constitución de la República, tanto de los privadosde libertad como a sus familiares. Animamos a los Poderes Públicos a cumplir sumisión de vigilante de las garantías constitucionales de nuestros hermanos.
En caracas a los 16 días del mes de Junio de 2011.
+ Mons. RobertoLuckert León
Presidente dela Oficina de Justicia y Paz
Vice. Presidentede la CEV
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Familiaresde los reclusos aseguran que esta área, donde se encontraban unas 3.000personas, fue incendiada, y que varios reos habrían fallecido. Hasta el momento se conoció que dos uniformado9s han fallecido.
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