martes, 26 de abril de 2011

Teoría de la elección pública - Wikipedia, la enciclopedia libre

Teoría de la elección pública

La teoría de la elección u opción pública (Public choice theory), trata de ligar la economía con la política a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuales son los factores que determinan cuales son las políticas que elige el Estado de entre las diferentes opciones que a este se le presentan. Se divide en Elección Pública Positiva que estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes políticos, y en Economía Política Constitucional que pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil.

Partiendo del individualismo metodológico, sostiene la premisa que el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público principalmente buscando sus propios intereses y después buscara el bienestar social. Además estudia las elecciones fuera del mercado, es decir, elecciones como proceso social que involucra a los individuos independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y públicas.

En general, estudia los "fallos del gobierno" como una respuesta ante quienes sostienen que el gobierno debe intervenir ante los denominados fallos de mercado; así postula que la evidencia científica señalaría al gobierno -y no al mercado- como el ente que debe ser limitado o reducido por el bienestar de la sociedad.

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La teoría

Un economista llamado James M. Buchanan descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las opciones políticas y gubernamentales; encontrando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos para efectos de hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel de economía en 1986.

Además, y como resultado del análisis antes precisado, Buchanan realizó un descubrimiento que también parece una verdad de perogrullo: Las decisiones políticas, que son las realizadas por los estamentos del Estado encargados del manejo estatal, necesariamente generan costos a los particulares y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, las decisiones políticas no le cuestan al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho estado. El costo de la toma de decisión se convertía entonces en un factor que influye decididamente en la eficiencia y los efectos de la decisión política.

Como resultado de la constatación referida en los párrafos precedentes, y dado que los Estados administran bienes y fondos, los cuales por definición son públicos, el pueblo debería tener la posibilidad de recurrir a mecanismos previstos por la ley y de obligatorio cumplimiento, que le permitan controlar e intervenir en las decisiones de los actores públicos.

La teoría antes referida resulta importante para comprender diversos fenómenos políticos y jurídicos que se dan en la realidad. Asimismo, permite entender la razón por la cual las normas jurídicas constitucionales deben elaborarse de tal forma que permitan un adecuado control del comportamiento del Estado por parte del electorado y además permite entender también porque dicho control resulta indispensable.

El rol de la constitución

En este orden de ideas, son las constituciones de los Estados las encargadas de hacer posible dicho control. Ello, que también parece una verdad evidente, no se ha tenido en cuenta en la mayoría de los países en los cuales existe una norma constitucional más o menos coherente. Y es que en realidad lejos de configurar - y/o de regular adecuadamente - mecanismos de fiscalización entre electores y gobiernos, las constituciones políticas de las diversas naciones elaboran únicamente controles al interior del Estado, amparados en el concepto de separación de poderes , concepto que resulta ser un presupuesto necesario, pero que no resulta ser suficiente para conjurar la posibilidad de un régimen autoritario.

El comportamiento del funcionario público

Y es que, una vez aplicado el análisis económico al comportamiento del funcionario público, debemos concluir necesariamente que éste, como ser racional, busca maximizar la utilidad de su cargo, es decir, obtener el máximo provecho del mismo. Y, como resultado de ello cuando el funcionario es un político con un cargo importante, éste va a buscar crear las condiciones adecuadas para poder ser reelegido, así como procurar elevar la cuota de poder de la que goza. Como evidente consecuencia de ello, nosotros debemos deducir que el Estado tiende necesariamente a elevar el poder material del que goza. Resulta entonces una utopía considerar que el Estado, podrá controlarse a sí mismo de manera espontánea, aunque existan en su interior mecanismos de fiscalización entre los órganos que lo componen.

martes, 26 de abril de 2011