El código fuente original de las aplicaciones desarrolladas serán conservadas por la parte cubana | El Nacional
Siete Días 17 Jul 2011 | 08:50 am - Por Adriana Rivera
Cédula electrónica a la cubana
Albet, la empresa del Gobierno cubano que elabora la nueva identificación para Venezuela, tiene acceso libre a la base de datos de los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos. El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que impiden a los técnicos nacionales conocer el proceso 
Video: Empresa cubana maneja el sistema de cedulación nacional Vea: Contrato en la empresa cubana Albet y la filial mexicana de Gemalto para proveer la cédula electrónica a Venezuela
Video: Empresa cubana maneja el sistema de cedulación nacional Vea: Contrato en la empresa cubana Albet y la filial mexicana de Gemalto para proveer la cédula electrónica a VenezuelaUna empresa cubana estáen capacidad de manipular los millones de datos que el Gobierno de Venezuela leentregó para la elaboración de las nuevas cédulas electrónicas gracias a unconvenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicosvenezolanos, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional. De acuerdo conun ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia, que asegura que se vioforzado a pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar al convenio,el Gobierno cubano podrá incluir o borrar información de las bases de datos yhasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de otros países.
“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”,dice Anthony Daquin,ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerioen materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software ymarcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica(mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces,cuándo se destruye el chip”, explica el ex asesor.
Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportesvenezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otrosextranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “Atodo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo haobjetado, lo han amenazado”.
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha denacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro deinformación fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto.También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.
La empresa cubanafavorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es AlbetIngeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas y de material, la firmadebió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México.Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado porel Gobierno de Cuba.
Aunque la contratistasea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar losproyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debehaber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza MiguelTorrealba, profesor del departamento de computación de la USB y experto enseguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de losintereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”,añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras,históricamente ha sido vulnerable.
El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos quecobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policíadeterminó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación,Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices.
En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de laOnidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanasfalsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el queya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.
Decisión binacional
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a unaelectrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentosalos que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitaciónpara determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato parahacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar losbienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en losprogramas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienengarantizado el acceso a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, leencomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La AgenciaBolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema deidentificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión MixtaCuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.
Durante la gestión de Jesse Chacón como titular del despacho de Interior yJusticia se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación ymodernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuyacontratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, lade la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzode 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron elContrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para laTransformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración yExtranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a loscubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software paramanejarlas.También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares ymisiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorioy la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede delSaime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
Secreto
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginasde este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se adviertendesde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato.A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo lalicitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primeravez que conversa –desde un lugar en Estados Unidos– sobre la información a laque tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igualque los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la quevive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura–fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubanaen asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a lasinstalaciones y sistemas del Saime, para los trabajos asociados a laimplementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Losoriginales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del softwarey permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladasserán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período desoporte técnico”.
“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarlemodificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas,mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto quela parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”,aclara otra cláusula.
Caro y tardío
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio haresultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferenciatecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas,como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.
La cédula electrónicavenezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente quehan adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema deregistro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitaciónpública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional,México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, quetiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercialentre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sidoprorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar enmarcha, pero las autoridades venezolanas han aplazadola fecha. Dante Rivas,director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, perotodavía no está en ejecución.
Empleados públicosadvierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de losantillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de quelos cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al finalVenezuela paguemás por los proyectos”, dice un programador de Cantv quesolicita no ser identificado.
“Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le pagadirectamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano. Terminamospeor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde lasoficinas públicas.
Licitación antillana
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni elsoftware para introducir la información en los chipsy manejar el sistema, porlo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.
Daquin muestra unacomunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionalesdedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba aparticipar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulaselectrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdocon el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lotecompleto de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto deLa Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de lapropuesta técnica y económica. Al final de lamisiva, Albet adjuntó unmapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde seencontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresasIris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representaciónde una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, yGemalto, cuya casa matriz está en Holanda.
Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en lalicitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde ycuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado alicitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex(actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejoresproveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, medianteelcorrespondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 defebrero de 2008 a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales,entonces director de Identificación y Extranjería.
Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en laproveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacionalmaneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo,elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela, trabajapara la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología dechip.
Daquin trabajó para larama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina. Asegura queésta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos enlacontratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos estánacostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron laintermediación de Cuba”, asegura. Representantes de la empresa china declinarondar detalles sobre su participación.
'Cliente final”
El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechadoen La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio deInterior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará losbienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, directorgeneral de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto enMéxico. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato conchip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridadde los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar lastarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como enVenezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet como alcliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas paracumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictarde común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por elcliente final”, aclaran. Ex trabajadores del Saime, que piden no revelar susnombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesiteajustar el software
o renovarlo tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsosnuevamente.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generóproblemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando presentaronsus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidosde sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en laque se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública(aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) secontratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuentepara que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chipy desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Peroa los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.
EnAporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en laque seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, sehabla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010,la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que losfuncionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervencióncubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica. Otros señalan que elgrupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime enoctubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer losprogramas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En lacomunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analizalas leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algoque no establecen los contratos firmados con Albet.
Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no serequiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y lesdejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustarel software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla estanormativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”,concluyeron Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (entepúblico en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y laUniversidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto enese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúaejecutando el proyecto.
“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de lasede del Saime y sólo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin. Ni el Saimeni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes deentrevista para darle respuesta a esta interrogante
“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”,dice Anthony Daquin,ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerioen materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software ymarcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica(mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces,cuándo se destruye el chip”, explica el ex asesor.
Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportesvenezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otrosextranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “Atodo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo haobjetado, lo han amenazado”.
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha denacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro deinformación fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto.También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.
La empresa cubanafavorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es AlbetIngeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas y de material, la firmadebió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México.Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado porel Gobierno de Cuba.
Aunque la contratistasea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar losproyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debehaber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza MiguelTorrealba, profesor del departamento de computación de la USB y experto enseguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de losintereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”,añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras,históricamente ha sido vulnerable.
El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos quecobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policíadeterminó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación,Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices.
En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de laOnidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanasfalsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el queya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.
Decisión binacional
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a unaelectrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentosalos que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitaciónpara determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato parahacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar losbienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en losprogramas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienengarantizado el acceso a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, leencomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La AgenciaBolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema deidentificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión MixtaCuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.
Durante la gestión de Jesse Chacón como titular del despacho de Interior yJusticia se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación ymodernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuyacontratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, lade la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzode 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron elContrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para laTransformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración yExtranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a loscubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software paramanejarlas.También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares ymisiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorioy la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede delSaime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
Secreto
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginasde este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se adviertendesde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato.A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo lalicitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primeravez que conversa –desde un lugar en Estados Unidos– sobre la información a laque tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igualque los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la quevive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura–fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubanaen asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a lasinstalaciones y sistemas del Saime, para los trabajos asociados a laimplementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Losoriginales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del softwarey permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladasserán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período desoporte técnico”.
“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarlemodificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas,mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto quela parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”,aclara otra cláusula.
Caro y tardío
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio haresultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferenciatecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas,como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.
La cédula electrónicavenezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente quehan adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema deregistro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitaciónpública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional,México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, quetiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercialentre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sidoprorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar enmarcha, pero las autoridades venezolanas han aplazadola fecha. Dante Rivas,director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, perotodavía no está en ejecución.
Empleados públicosadvierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de losantillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de quelos cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al finalVenezuela paguemás por los proyectos”, dice un programador de Cantv quesolicita no ser identificado.
“Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le pagadirectamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano. Terminamospeor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde lasoficinas públicas.
Licitación antillana
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni elsoftware para introducir la información en los chipsy manejar el sistema, porlo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.
Daquin muestra unacomunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionalesdedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba aparticipar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulaselectrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdocon el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lotecompleto de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto deLa Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de lapropuesta técnica y económica. Al final de lamisiva, Albet adjuntó unmapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde seencontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresasIris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representaciónde una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, yGemalto, cuya casa matriz está en Holanda.
Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en lalicitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde ycuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado alicitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex(actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejoresproveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, medianteelcorrespondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 defebrero de 2008 a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales,entonces director de Identificación y Extranjería.
Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en laproveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacionalmaneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo,elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela, trabajapara la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología dechip.
Daquin trabajó para larama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina. Asegura queésta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos enlacontratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos estánacostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron laintermediación de Cuba”, asegura. Representantes de la empresa china declinarondar detalles sobre su participación.
'Cliente final”
El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechadoen La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio deInterior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará losbienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, directorgeneral de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto enMéxico. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato conchip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridadde los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar lastarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como enVenezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet como alcliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas paracumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictarde común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por elcliente final”, aclaran. Ex trabajadores del Saime, que piden no revelar susnombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesiteajustar el software
o renovarlo tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsosnuevamente.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generóproblemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando presentaronsus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidosde sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en laque se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública(aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) secontratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuentepara que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chipy desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Peroa los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.
EnAporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en laque seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, sehabla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010,la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que losfuncionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervencióncubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica. Otros señalan que elgrupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime enoctubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer losprogramas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En lacomunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analizalas leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algoque no establecen los contratos firmados con Albet.
Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no serequiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y lesdejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustarel software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla estanormativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”,concluyeron Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (entepúblico en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y laUniversidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto enese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúaejecutando el proyecto.
“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de lasede del Saime y sólo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin. Ni el Saimeni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes deentrevista para darle respuesta a esta interrogante
FUENTE: EL NACIONAL
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario